abril 9, 2018 CGS Asesorías

9 de Abril de 2018

Circular Nº 30/18

INFORMACIÓN ECONÓMICA

  • El Gobierno prevé ahorrar este año 1.900 millones de euros mediante el control de las prestaciones por desempleo, gracias a la mejora de su gestión y a la detección del cobro fraudulento de 220.000 ayudas. Entre las medidas que recoge el servicio público de empleo estatal (SEPE) este año para intentar reducir el fraude en las prestaciones por desempleo, están la realización de 4,3 millones de controles sobre la renovación trimestral de las demandas de empleo. Asimismo, llevará a cabo 2,4 millones de cruces de los datos informáticos con la Seguridad Social para detectar empleo sumergido y 1,3 millones de controles sobre los requisitos para obtener la prestación. El Ministerio de Empleo también tiene previsto hacer 350.000 reclamaciones a los desempleados por pagos indebidos de prestaciones y 10.000 comunicaciones a las empresas para exigirles su responsabilidad en la comisión del fraude.
  • Hacienda ha aclarado que el nuevo índice de referencia que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no servirá para calcular el valor catastral de los inmuebles y, por tanto, tampoco implicará en incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IB) o de plusvalías, como se había publicado. El “valor de referencia” al que se refiere el texto del proyecto de Ley de Presupuestos y que modifica la Ley Catastral no se refiere a los criterios utilizados para calcular el valor catastral, si no que se trata de un “índice estadístico más, que se utilizará para hacer estudios de mercado”. El proyecto de Ley de Presupuestos no contempla más ingresos extra para los ayuntamientos que los pactados con la Federación de Municipios y Provincias.
  • La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha recurrido al Tribunal Supremo el Real Decreto 706/2017 -la normativa técnica de las gasolineras- porque en las estaciones desatendidas limita el tiempo y el volumen de repostaje a tres minutos y 75 litros, cantidad inferior a la capacidad de los depósitos de camiones y otros vehículos de gran tamaño, como todoterrenos familiares, bajo sanción de 30.000 euros. Aesae considera que la disposición -que apareció en el BOE sin referencia alguna durante la tramitación de la norma- atenta contra el libre mercado al impedir los repostajes de volúmenes relevantes en las estaciones desatendidas, perjudicando el negocio de sus asociados. 
  • Los tribunales han puesto coto a los pactos de no concurrencia postcontractuales tan habituales en puestos ejecutivos, a los que no se puede imponer un plazo superior a dos años de duración. Cuidar, potenciar y preservar el know-how de cualquier empresa es una necesidad para seguir siendo competitivo en el mundo profesional actual. Por eso, cada vez es más habitual que las organizaciones, independientemente del tamaño, traten de firmar pactos de no concurrencia con sus empleados clave para, si es necesario, completar la protección de esos activos. Sin embargo, los tribunales han ido poniendo, poco a poco, coto a estas decisiones empresariales. Blindar a un directivo por 115 euros brutos al mes no es una contraprestación suficiente para que no fiche por otra compañía del sector. Así lo considera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Las cláusulas penales deben quedar fuera de estos escritos bilaterales.

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